ALTO VOLTAJE

Escribe Julio Rospigliosi

El 10 de enero del 2013, Reynaldo Huapaya Chumpitaz y José Sánchez Gutierrez, dos técnicos de la empresa Luz del Sur, sufrieron quemaduras de tercer grado mientras manipulaban un interruptor de alto voltaje en la subestación que la empresa tiene en Villa María del Triunfo. Sánchez falleció cinco horas después en el hospital; Huapaya, dos años más tarde a consecuencia de las secuelas que le dejaron las quemaduras. Un informe del Ministerio de Trabajo constató que ninguno de los dos contaba con equipo de protección personal adecuado y que tras el siniestro laboral, tampoco fueron atendidos correctamente por la falta de un plan de contingencia. El Ministerio de Trabajo sancionó a la compañía con una multa de 51,800 soles.

En marzo de este año, la fiscalía responsabilizó penalmente de la tragedia a cinco funcionarios de la empresa. El estudio Roy Freyre se sumó al equipo legal de Luz del Sur, que lidera Rosa Heredia Mendoza, prima de la ex primera dama. El bufete respondió con un contragolpe: acusó al fiscal Aníbal León Zambrano de prevaricato, desconoció cualquier responsabilidad en las muertes de sus trabajadores y responsabilizaron a Huapaya y Sánchez del accidente.

EL DIA FATAL

El jueves 10 de enero del 2013 sobre las 10:50 de la mañana, uno de los interruptores de la subestación de Villa María del Triunfo dejó de responder al sistema de control remoto con el que operaba la empresa. Adin Barrionuevo, operador del Centro de Control, dispuso entonces que Reynaldo Huapaya y José Sánchez, ambos del departamento de Operación de Sistemas de Alta y Media Tensión, se encargaran de arreglar la falla. Cuando empezaron a manipular el interruptor, Huapaya advirtió un problema y llamó a Barrionuevo, que se encontraba en la sede matriz. El diálogo a través de una radio de largo alcance quedo grabado.

-Huapaya: Hemos hecho la columna de mando, pero no obedece. Hemos venido acá al interruptor, hemos sacado la tapa, estamos dándole la orden de cierre…pero no cierra.

-Barrionuevo: Baje los mandos, a ver; baje los mandos, vuélvalos a subir y haga la prueba.

-Huapaya: Correcto, conforme.

-Barrionuevo: ¿Podemos extraer el interruptor y volverlo a insertar?

-Huapaya: Ya (…) aquí lo que hemos apreciado, a diferencia de los otros interruptores, es que la aguja destinada a la presión del gas SF6 está en rojo. Cambio.

-Barrionuevo: (…) ¿pero hay alarma?

-Huapaya: No, no hay alarma. Pero la aguja está en rojo ya. A diferencia de los otros que están en verde y blanco.

-Barrionuevo: Ya, muy bien, correcto, correcto. Vamos haciendo la prueba de todas maneras, Vamos a informar entonces.

- Huapaya: Ya, vamos a extraer el interruptor y lo introducimos nuevamente. Confirmo.

Segundos después de esta conversación, en la sala de 10 kilovoltios donde se encontraban los operadores se escuchó una fuerte explosión. Huapaya salió de la sala de operaciones un minuto después de producido el incendio y fue socorrido por otro empleado que acababa de llegar al lugar. Tenía todo el cuerpo chamuscado y el uniforme carbonizado y hecho jirones. José Sánchez Gutiérrez salió detrás de su compañero segundos después. Su estado era todavía peor. En las imágenes capturadas en la escena del suceso se aprecian trozos de los uniformes quemados regados por las escaleras por donde los dos operadores escaparon del incendio.

Las víctimas fueron trasladadas primero al Hospital María Auxiliadora, luego a la Clínica Internacional del Cercado de Lima y finalmente a la Clínica San Pablo de Surco. Los dos primeros centros médicos no cuentan con unidad de atención para quemados graves. “El accidente sucedió a las 10:50 y mi esposo llegó a la clínica casi cinco horas después”, agrega la viuda de José Sánchez, Elizabeth Torres, que sostiene un retrato de su esposo entre las manos. La acusación fiscal apunta: “Esto demuestra que la empresa Luz del Sur no tenía un plan de contingencia en caso de emergencia y en perjuicio de la salud de los agraviados”.

Una de las principales conclusiones del Informe del Ministerio de Trabajo subraya la nula idoneidad de los uniformes que utilizaban los operadores y que, en este caso, fue determinante en el grado de las quemaduras que sufrieron. “Los equipos de protección personal deben seleccionarse de acuerdo al tipo de tarea, recibir mantenimiento periódico, comprobar su buen estado antes de ejecutar la tarea y ser utilizado correctamente; lo que no ocurrió en el caso de autos, toda vez que, conforme se ha señalado, la ropa proporcionada a los agraviados era “antiflama” y no “antiarco eléctrico”, se lee en el documento. Una ropa antiflama funciona simplemente como un retardante de la propagación del fuego. Frente a un trabajo con interruptores que generan 10 mil voltios, como era el caso en el que trabajaban Sánchez y Huapaya, la empresa está en la obligación de proveer un equipamiento resistente a una descarga de energía térmica, como son los materiales “antiarco eléctrico”.

Una pericia de la Universidad Nacional de Ingeniería, señala que la camisa antiflama que llevaban Huapaya y Sánchez “Se auto extingue a los 6 segundos de retirada la fuente del fuego” y que el pantalón antiflama proporcionado por la empresa “se auto extingue a los 8 segundos de retirada la fuente de fuego”. Es decir, el uniforme básicamente se derritió sobre la piel de los trabajadores. Las fotografías de la indumentaria quemada de Sánchez hablan por sí solas. “Recién a partir del mes de setiembre del 2014 se les ha proporcionado ropa antiarco eléctrico (…). Esta ropa es distinta a la que nos daban en enero del 2013”, declaro ante la fiscalía Juan Paul Santa Cruz, compañero de los fallecidos.

La acusación fiscal también pone el foco en la nula supervisión que tuvieron ambos operadores del trabajo que realizaban al momento del accidente. El jefe de operaciones de sistema, Favio Ventura Dávila, admitió ante la fiscalía que nos e designo a un supervisor responsable, cuando el reglamento de seguridad y salud del Ministerio de Trabajo señala que “por lo menos dos trabajadores calificados ejecutarán las maniobras en media tensión, los cuales serán debidamente supervisados, excepto durante la conexión o desconexión rutinaria de circuitos si la entidad demuestra que las condiciones permiten que este trabajo sea desempeñado sin riesgo”.

Para evadir su responsabilidad la empresa intentó hacer creer que Huapaya había ido como supervisor de Sánchez, pero las declaraciones de los demás trabajadores desmontaron la versión de la defensa. “Si bien el representante legal de la empresa refirió que para realizar dicha labor se designó dos operadores y que uno es supervisor del otro, dicha circunstancia no se encuentra regulada o reglamentada en ninguna norma de procedimientos o seguridad”, se lee en el documento fiscal.

El ultimo 18 de mayo Luz de Sur contrato los servicios del Estudio Roy Freyre. Lo primero que hizo este reputado staff de abogados fue impugnar la resolución confirmatoria del Ministerio de Trabajo y denunciar al fiscal Aníbal León por el delito de prevaricato. “La denuncia contra Luz del Sur es por el delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene. Lo que dicen ellos es que la tipología del delito no corresponde con la denuncia y por eso denuncian al fiscal. Pero lo que mandan son los hechos. Al final pueden ser procesados por lesiones graves seguidas de muerte”, dice Alex Sánchez, hijo de José, quien también es abogado penalista. Y agrega: “El señor Mile Cacic, gerente general de Luz del Sur, se comprometió a pagar los estudios de mi hermano. Él me dijo que iba a correr con todos los gastos de mi hermano menor desde el colegio hasta la universidad. Nos dijo que cualquier cosa tratáramos directamente con él. Pero cuando intentaron responsabilizar a mi padre y al señor Huapaya por el incendio, desconociendo cualquier responsabilidad de la empresa, la gerencia me dijo que no podía comunicarme con él para saber que estaba sucediendo. Incumplieron su palabra. Y en este caso, las pruebas hablan por sí solas”.

Publicado en Hildebrandt en sus trece del 19 al 25 de agosto de 2016