Arbitraje potestativo es constitucional Corte Suprema confirma Sentencia de Primera Instancia favorable al movimiento sindical

La Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores –ADEX (tercero coadyuvante), ambas organizaciones de los patronos, interpusieron el 13.03.2012, demanda de Acción Popular, contra el D.S. 014-2011-TR, vigente a partir del 18 de septiembre del 2011, regulaba el Arbitraje Potestativo, contemplado en el artículo 61º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La demanda estuvo dirigida contra el Procurador del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; debiendo destacar que el abogado de los patronos  ha sido Dr. Victor García Toma, ex Presidente del Tribunal Constitucional y ex Ministro de Justicia, del segundo gobierno del APRA (2006-2011).

Varias organizaciones sindicales se apersonaron a dicho proceso, invocando tener interés legítimo, entre ellas: Federación de Trabajadores del Sector Comunicaciones del Perú – FETRATEL PERU, Sindicato de Empleados de Shougang Hierro Perú S.A., Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la Superintendecia Nacional de Administración Tributaria – SINAUT y Sindicato Unitario de Trabajadores de Electrolima, Empresas Concesionarias Eléctricas y Afines – SUTEECEA.

Especial preocupación ha causado el hecho que la Central General de Trabajadores del  Perú – CGTP, no se haya apersonado a defender el arbitraje potestativo, a favor de los trabajadores.

Nuestro sindicato se apersonó el 22 de abril del 2013 ante la Primera Sala Laboral Permanente de Lima, invocando interés legítimo, y señalando que mediante la demanda de Acción Popular lo que pretende la Sociedad Nacional de Industrias es dejar sin efecto la incorporación del artículo 61-A al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (D.S. Nº 014-2011-TR), siendo el caso que la relación material existente entre el Sindicato recurrente con la parte demandada, consiste en que dicha norma dictada por el Presidente de la República y refrendada por el MTPE, reglamenta parte del procedimiento de la Negociación Colectiva, que viene rigiendo a partir del día siguiente de su publicación, la cual es de obligatorio cumplimiento en caso de ser invocado por las partes en una negociación colectiva (sindicato y empresa); siendo esto así, todas las organizaciones tienen con la parte demandada, una relación jurídica sustancial respecto del D.S. impugnado por la SIN y ADEX; y que, nuestra organización sindical (SUTEECEA), como muchas otras se iba a ver afectada desfavorablemente si la parte demandada: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es vencida en el presente proceso; más aún cuando los Pliego de Reclamos con TECSUR de los periodos 2009 y 2011, han sido resuelto bajo el Arbitraje Potestativo.

La Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Lima, mediante Sentencia de fecha 01.07.2013, por mayoría declaró infundada la demanda de Acción Popular, interpuesta por la Sociedad Nacional de Industrias y ADEX, la misma que fue apelada por ambas asociaciones de los patronos. Esta fue concedida por la Sala Laboral con resolución N° 42, y elevada a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

Con Sentencia de fecha 13.08.2015, notificada a nuestra parte el 10.05.2016, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República; ha confirmado la Sentencia de primera instancia, es decir, la demanda de la   Sociedad Nacional de Industrias y ADEX, ha sido  declarada nuevamente INFUNDADA.

Cabe destacar en la Sentencia emitida por la Corte Suprema, lo siguiente:

  1. Que, el meollo fundamental de todo proceso de Acción Popular radica en determinar si la norma de rango inferior al de la ley, que es objeto de cuestionamiento en la demanda, en realidad contraviene la Constitución Política del Estado o alguna norma que sí tiene rango de ley (considerando octavo).
  2. Que, en el presente caso, se denuncia la inconstitucionalidad e ilegalidad del D.S. Nº 014-2011-TR, agregándose el artículo 61-A, el que queda redactado de la siguiente manera: “Arbitraje potestativo. Las partes tienen la facultad de interponer el arbitraje potestativo en los siguientes supuestos: a) Las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o en su contenido; y b) Cuando durante la negociación del pliego de reclamos adviertan de mala fe que tengan por efecto dilatar, entorpecer o evitar el logro de un acuerdo (…)” (considerando undécimo).
  3. Que, de conformidad con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 3561-2009-PA/TC, criterio ratificado en el expediente N° 3243-2012-PA/TC, el arbitraje potestativo se encuentra regulado en el artículo 61º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; entonces la reglamentación regulada en el artículo 61-A, incorporado por el artículo 1º del D.S. 014-2011-TR, no hace sino precisar, conforme a lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la naturaleza del arbitraje regulado en la citada norma legal, sin cambiar su esencia; de lo que se puede colegir de forma válida, que la citada norma no resulta ilegal o inconstitucional, al no crear una nueva figura de arbitraje, como mal entiende la demandante, en tanto que la misma ya se encontraba regulada en la norma; cumpliendo el mencionado D.S. Nº 014-2011-TR con viabilizar la concreción del artículo 28º numeral 2 de la Constitución Política del Estado, constituyéndose así el arbitraje potestativo, en un  mecanismo de solución de conflictos, a través del cual el Estado cumple con su obligación de fomentar la negociación colectiva y promover formas de solución pacífica de conflictos laborales.(considerando vigésimo tercero).
  4. Que, el arbitraje potestativo solo procede cuando no se ha llegado a un acuerdo en una primera negociación, lo cual no debe entenderse como una restricción al principio de una negociación libre y voluntaria, sino como una forma de coadyuvar a las partes en el inicio de una negociación, o cuando durante el procedimiento se haya advertido que una de las partes lo ha dilatado o entorpecido, actuando así de mala fe, con lo cual se busca anular cualquier acto tendiente a entorpecer la negociación, buscando así que permanezca abierto el proceso inducir a los trabajadores a recurrir a actos de fuerza.

(Considerando trigésimo).

Que, el D.S. Nº 014-2011-TR, se encuentra acorde con los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT, y que debe rechazarse la tesis de la demandante de que el Comité de Libertad Sindical proscriba el arbitraje potestativo para la solución de la negociación colectiva, y únicamente acepte el arbitraje voluntario, cuando lo que rechaza la OIT, es el arbitraje obligatorio (salvo casos excepcionales), en el entendido que el mismo impide a los trabajadores el ejercicio del derecho de huelga.

El SUTEECEA, cumpliendo sus fines y objetivos, ha participado en este proceso, defendiendo el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y el fomento de soluciones pacíficas a los conflictos laborales. Una vez más reafirmamos que ¡¡¡LA LUCHA, ES EL CAMINO!!! ¡¡¡SIN LUCHAS, NO HAY VICTORIAS!!!