La informalidad laboral en el Perú

Por Enrique Fernandez Maldonado (TrabajoDigno.pe).

Comprender la informalidad en su real dimensión nos plantea enormes retos conceptuales y políticos, que debemos encarar como Estado y sociedad. Se trata de un fenómeno económico y sociocultural extendido en la región, que tiene a millones de personas en condiciones de precariedad, desprotección e inseguridad laboral. A pesar de los consensos sobre la necesidad de reducirla, existen marcadas diferencias en la forma como los actores públicos y privados proponen lograrlo. Particularmente en lo que respecta al rol del Estado y el mercado en este objetivo.

Informalidad: cómo entenderla 
El debate sobre la informalidad surge en los años setentas, cuando la PREALC–OIT esboza el concepto de “sector informal” para clasificar a una diversidad de actividades y ocupaciones que se daban por fuera del trabajo asalariado–industrial–burocrático. Bajo esta perspectiva dual, el empleo informal estaba constituido por la masa de “cuentapropistas”, trabajadores autónomos, domésticos o no remunerados, así como por las pequeñas unidades (denominadas micro empresas) de hasta cinco trabajadores, que agregadamente conforman mercados laborales heterogéneos y acotados, escasamente regulados; predominantes en el contexto de las migraciones y el crecimiento demográfico urbano.

Esta definición de informalidad fue variando en el tiempo. En el 2015 la OIT aprueba la Recomendación Núm. 204 sobre Empleo Informal, que introduce el concepto de “transición a la economía formal” y la importancia de implementar políticas públicas específicas para facilitar este proceso.

Este enfoque se aleja de las posturas neoclásicas, que delegan al mercado la función de formalizar la fuerza de trabajo. Pero además, propone una aproximación a la informalidad laboral sin circunscribirla al segmento de autoempleados o microempresas, reconociendo la existencia de amplios bolsones de empleo informal dentro de la economía formal.

OIT–BM: entenderla como un proceso
Como parte de un proyecto conjunto, un equipo mixto del BM y la OIT (liderado en Perú por Juan Chacaltana) viene estudiando la informalidad desde una perspectiva multidimensional, analizando la relación entre formalidad empresarial y empleo formal, sus implicancias y determinantes.

Por un lado, el enfoque utilizado toma distancia de la dicotomía formal/informal que asume tales condiciones como compartimentos estancos y unilineales. Por el contrario, conceptúa la informalidad como un proceso fluctuante, transicional, que evidencia la coexistencia –dentro de una unidad económica, sector económico o cadena de valor– de elementos de formalidad/informalidad empresarial y laboral, funcionales a dinámicas de producción, comercialización y consumo a escala local y global.

Esta constatación plantea la necesidad de implementar estrategias diferenciadas para atacar las diversas causas de la informalidad empresarial y laboral. Desde un punto de vista estructural, hace falta: 1) cambiar la matriz productiva y diversificar la economía potenciando la manufactura, el sector agrícola y terciario; 2) implementar una reforma educativa profunda, que concilie formación y productividad laboral. Y, claro, contar con 3) un Estado capaz de regular oportuna y eficazmente el trabajo.

La informalidad como pretexto
Actualmente 11,7 millones de peruanos laboran en la informalidad. Representan el 72% de la PEA ocupada. De este grupo, la mayoría (8,9 millones) son trabajos informales en la economía informal, el grueso autoempleados. Pero una porción importante (2,7 millones) son empleos informales que laboran en el sector formal de la economía. El 42.5% asalariados privados sin contrato de trabajo.

Las respuestas del Estado (y de la sociedad) frente a la informalidad han transitado entre la displicencia (en los ochentas del terrorismo y la hiperinflación era un mal menor) y la tolerancia cínica (en los noventa representó un colchón frente a los miles de despidos que dejó la privatización y el ajuste económico). Desde el 2,000, el “combate” a la informalidad ha traído como corolario la profundización de las reformas flexibilizadoras, encarnadas en la aprobación de regímenes “especiales” o de “promoción”.

Durante el periodo de crecimiento económico (2004–2012) la tasa de empleo informal disminuyó en 5.5%; principalmente en las grandes empresas (100+ trabajadores), reguladas por el régimen general de la actividad privada. En la micro y pequeña empresa estos avances fueron mínimos (ver PLADES, Informe Trabajo Decente 2016). Ambas tendencias desmienten el argumento de los “sobre costos” y rigidez normativa como obstáculos para promover la formalización laboral.

Con el mismo discurso, el Gobierno de PPK buscaría aplicar medidas orientadas a reducir la capacidad del Estado para tutelar los derechos laborales (limitando las inspecciones), y a transferir recursos públicos a privados (a través de subsidios empresariales). La falta de respaldo popular explicaría que no lo haya hecho aún.

El fujimorismo podría asumir ese rol, eventualmente. ¿De qué depende? De que KF decida congraciarse con la Confiep e instrumentalice su mayoría parlamentaria con ese fin. La Ley Pulpín fue aprobada primero por Martha Chávez, congresista fujimorista que presidía entonces la Comisión de Trabajo. No olvidar. 

Publicado en Diario Uno